La Unión de Asociaciones de Trabajadoras Autónomas y Emprendedoras (UATAE) valora muy positivamente la aprobación por unanimidad, ayer en el Congreso, de la proposición de ley para que los autónomos no paguen el IVA por las facturas impagadas. “Este gesto significa el despertar de la conciencia política a la importancia vital de los autónomos y las PYMES para la recuperación económica del país. Esperamos que este compromiso público, que se materializó ayer en el Congreso de los Diputados, se tramite de urgencia y en consenso para que los autónomos puedan disponer de liquidez cuanto antes y puedan acceder al sistema crediticio”, asegura la secretaria general de UATAE, María José Landaburu.

 

La proposición de modificación de la Ley 37/1992 de 28 de diciembre del IVA, presentada por el Partido Popular, busca que los autónomos y las PYMES no tengan que tributar por las facturas no cobradas cambiando el criterio de devengo por el de caja a la hora de calcular el Impuesto sobre el Valor Añadido. Según los datos aportados por el PP la crisis está afectando al 90% de los autónomos y el 83% considera que su negocio va mal. En 2009 cerraron 100.000 empresas y 170.000 autónomos cesaron en su actividad, es decir, 500 al día, dijo ayer la portavoz adjunta del PP, Fátima Bañez. Asimismo, la deuda de las administraciones públicas con autónomos y PYMES asciende a más de 40.000 millones de euros, según el Banco de España, y el retraso medio en el pago es de 94 días.

 

UATAE piensa que esta propuesta debería haberse tramitado por un procedimiento más urgente y que se debe buscar la fórmula para que la modificación de la ley del IVA no entre en conflicto con la Sexta Directiva del Consejo de la Unión Europea, que establece que los Estados podrán disponer que el impuesto sea exigible con un plazo máximo en el momento del cobro del precio para determinadas categorías de sujetos pasivos. “De todos modos, esta propuesta es sólo una de las muchas modificaciones necesarias para que el grueso del tejido empresarial español –no olvidemos que los autónomos y las PYMES representamos a más del 95% de las empresas del país- empiece a la levantar cabeza en España. Es necesario que se acelere la reforma de la Ley de Morosidad (sólo el año pasado 269 autónomos o personas físicas con actividad económica acudieron al procedimiento concursal para resolver su situación de endeudamiento), que se empiece a trabajar en la proposición no de ley aprobada el pasado 21 de abril para mejorar la liquidez de autónomos y PYMES así como medidas más contundentes para que el sector financiero restaure el flujo de crédito a empresas y familias”, señala María José Landaburu.